En una encuesta realizada a casi 5.000 canadienses, descubrimos que la confianza nacional en la industria minera está impulsada en parte por la convicción de que las comunidades locales pueden exigir responsabilidades a las empresas mineras.
Cuando los ciudadanos creen que las comunidades más cercanas a la actividad minera tienen voz y capacidad de acción, la confianza en la industria aumenta a nivel nacional.
La licencia social para operar (LSO) reconoce la necesidad de que las industrias extractivas vayan más allá de los requisitos normativos hacia la rendición de cuentas social, lo que requiere la participación entre las empresas y sus partes interesadas.